La marca mortal del gatillo fácil

La justicia no saca el sabor amargo, ya que él y sus padres deben luchar para que el Estado se haga cargo de la responsabilidad de haber dado armas a personas que no estaban capacitadas para usarlas. Situación similar es la que viven Anderson Medina y su familia, que son oriundos de Ciudad del Este y que llevan adelante un calvario que ya dura 10 años. Tuvo que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado paraguayo se haga cargo de la situación y pueda costear los tratamientos físicos y sicológicos de su hijo. Mientras no exista una voluntad seria de depurar estas viejas prácticas de apriete, de violencia excesiva bajo el manto de la impunidad, seguiremos lamentando la pérdida de vidas inocentes y pasando los días con la zozobra de ser alcanzados por las balas de un policía . ...[Leer más]