Sebastián Silva Santiago de Chile, 11 abr (EFE) .- Un incremento de 1.500 millones de dólares anuales en el presupuesto para combatir la delincuencia, más equipamiento, un plan con los municipios para "calles sin violencia" y un puñado de nuevos proyectos de ley claves aprobados en materia de seguridad son las principales acciones que el gobierno de Gabriel Boric ha impulsado para frenar la violencia en su primer año de mandato.
Y es que, pese a que los delitos comunes han disminuido en los últimos diez años, según reconocen autoridades y muestran las estadísticas, la sensación de inseguridad se ha multiplicado en el país y se ha convertido en la primera preocupación ciudadana azuzada por la aparición de nuevos delitos, algunos de ellos mucho más violentos.
Igualmente se ha transformado en uno de los arietes de la oposición en particular de los grupos ultra conservadores, que acusan al Ejecutivo de inacción y de no ofrecer a las instituciones armadas, y en particular al controvertido cuerpo de carabineros, ni el respaldo político ni las herramientas adecuadas para hacer su trabajo.
En el último mes, tres agentes de este cuerpo militarizado perdieron la vida durante procedimientos de rutina, una sucesión que llevó al Congreso a aprobar una controvertida ley, conocida como "Naím Retamal" e impulsada por la oposición, que da una mayor libertad de maniobra en el uso del arma a la Policía y reduce la proporcionalidad y la asunción de responsabilidades.
En este contexto, la misma institución policial reconoció el apoyo constante del Gobierno, mientras que expertos locales e internacionales destacan que las medidas van en dirección correcta, pero advierten que tienen debilidades, como la falta de formación moderna, y que no contempla el cambio profundo que necesita el sistema policial chileno.
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