La invitación a la guerra en Venezuela

Se produjeron pocos días después de que el ejército venezolano lanzara grandes operaciones militares contra el Frente 10, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya desmovilizadas, cuyas disidencias son conocidas como la ex-FARC Mafia. En Colombia, el candidato de derechas, Álvaro Uribe Vélez, fue elegido presidente, quien prometió arremeter contra los guerrilleros marxistas utilizando todo el poder del ejército nacional, con el financiamiento de Estados Unidos. Tras el golpe, y decidido a aferrarse al poder, Chávez vio a los guerrilleros de las FARC como una herramienta estratégica, un apoyo contra la intervención extranjera de una Colombia cada vez más hostil y de su patrón militar, Estados Unidos. El líder político, quien no quiso que su nombre fuera divulgado por temor a persecuciones políticas, dijo que, durante su trabajo político con el PSUV, visitó varios campamentos de las FARC y se reunió con comandantes guerrilleros de la zona. Lo más grave de todo es que las FARC, los militares y los principales miembros del gobierno de Chávez comenzaron a cooperar en el tráfico de drogas, según evidencias que se hicieron públicas en las acusaciones de Estados Unidos, así como en las listas de sanciones y los testimonios de exfuncionarios chavistas de alto rango que se convirtieron en informantes. Estas versiones fueron confirmadas por numerosas fuentes que hablaron con InSight Crime, como generales retirados del ejército, exlíderes del PSUV y del Partido Comunista de Venezuela, exfuncionarios del gobierno de Chávez, exdiplomáticos nombrados por Chávez, así como residentes y trabajadores de derechos humanos en la región fronteriza. “Para Chávez, la única manera de mantener la lealtad y conservar el poder era ser permisivo, por lo que permitió que muchos miembros del ejército y funcionarios públicos de su gobierno se involucraran en el tráfico de drogas”, dijo a InSight Crime Mildred Camero, exdirectora de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) durante el gobierno de Chávez. Hacia 2010, la inteligencia colombiana estimaba que había 1.500 guerrilleros de las FARC asentados en Venezuela, además de combatientes de otra insurgencia izquierdista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Una vez establecidas en Venezuela, las FARC realizaron operaciones criminales y militares, y comenzaron a replicar el trabajo social y político local que realizaban en Colombia. La alianza estratégica relativamente estable y mutuamente beneficiosa que surgió entre las FARC y el Estado venezolano durante el mandato del presidente Hugo Chávez se ha resquebrajado debido a disputas entre facciones y a las volubles alianzas. “Un pastor [de la comunidad desplazada] me dijo: ‘los guerrilleros mismos vinieron y nos dijeron que nos fuéramos porque el gobierno venía en camino y podría pensar que éramos guerrilleros, nos atacarían y nos masacrarían’”, dijo el sacerdote de un municipio cercano, quien pidió que su nombre se mantuviera en reserva por temor a represalias. Si bien las minas antipersona han sido por mucho tiempo una de las tácticas preferidas por la guerrilla en Colombia —lo que lo convierte en uno de los países con más minas de este tipo en el mundo—, este fue el primer incidente registrado en Venezuela desde 2013, año en el que se declaró un país libre de minas antipersona. “En ese momento yo no entendía por qué me habían detenido, así que le pregunté al capitán que me arrestó y me dijo que me habían llevado allí porque alguien había dicho que yo estaba pasando información a las FARC, y que tenía que hablar y decir la verdad”, dijo una mujer que fue detenida y más tarde liberada, y cuyo nombre no revelamos por razones de seguridad. ...[Leer más]