Madrid, 20 nov (EFE).- La insólita condena del fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados es el último capítulo de un proceso judicial que ha sacudido la política española durante el último año.
Mientras que el Gobierno respeta la decisión del Tribunal Supremo (TS), aunque no la comparte, la oposición conservadora exigió la dimisión del jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, por haber defendido la inocencia de García Ortiz.
El Supremo adelantó este jueves el fallo de dos años de inhabilitación para ejercer cargo público y una multa de 7.200 euros, justo una semana después de que acabase un juicio inédito que sentó por primera vez en el banquillo de los acusados al máximo responsable del Ministerio Público español.
La decisión del alto tribunal supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General. En los próximos días se pondrá en marcha el procedimiento para nombrar a su sucesor, que debe ser elegido entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de la profesión.
A falta de conocer los argumentos de la sentencia, el TS considera que García Ortiz incurrió en un delito de difusión de datos reservados, recogido en el Código Penal, que castiga a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados".
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