La Industria Nacional del Cemento (INC) nuevamente adjudicó la compra de 60.000 toneladas de clínker importado, que evidencia que la estatal no está produciendo la cantidad que necesita de este vital insumo para elaborar cemento. La adjudicación total es por G. 48.727 millones y una vez más, resultaron beneficiadas las empresas LT S.A. (representada por Omar Bustos), por G. 19.491 millones; y Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. (David Aitkenpor), por G. 29.236 millones.
La INC tiene en su cantera de Vallemí piedra caliza que le permitiría producir clínker durante casi 1.000 años, pero por la inoperancia de sus administradores sigue importando el producto. Empero, Ernesto Benítez, presidente de la estatal, defendió una vez más esta compra. “La compra de clínker importado se realiza cada año para sostener el despacho de cemento durante la parada del horno de Vallemí para mantenimiento”, expresó.
Agregó que esto se debe a que “la producción de clinker es menor a la capacidad de molienda” y que “el nivel de consumo país impone complementar la producción nacional de clínker con la compra de un porcentaje de importado a fin de no reducir tan drásticamente la provisión de cemento al mercado”. Pero la empresa no está produciendo lo que debería en Vallemí, pese a que en el horno se invirtieron millones de dólares.
Benítez agregó que la línea de producción de clínker data de los años 80 y fue proyectada para el consumo promedio de la época. “Necesitamos invertir en una línea más de producción para pasar incluso a abastecer el mercado de clínker y no solo de cemento o incluso exportar, ya que la calidad del producto de nuestro país es excelente”, expresó. Vale decir, para el funcionario no basta la millonaria inversión de US$ 80 millones que se realizó en la planta hace unos años, con lo cual no se mejoró en nada la cementera.
Justamente, el Sindicato de la Industria Nacional del Cemento de Trabajadores Turnistas remitió una nota al contralor, Camilo Benítez, para solicitar una intervención en la empresa estatal, por “serias irregularidades en la administración actual de la empresa estatal”, según el escrito.
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