Vistas desde afuera, las elecciones generales del 25 de junio en Guatemala cumplen con los requisitos formales para ser consideradas libres y justas. Hay 22 candidatos presidenciales —un número récord desde el retorno a la democracia en 1985— y el espectro ideológico de los candidatos va desde ultraconservadores hasta socialdemócratas.
Pero esta no es una elección normal. Con argumentos espurios, tres de los principales candidatos fueron excluidos: la líder indígena de izquierdas, Thelma Cabrera; Roberto Arzú, derechista y anti statu quo, y Carlos Pineda, un terrateniente populista que, mediante una eficaz campaña en las redes sociales, saltó a la cima de las encuestas satanizando al régimen.
Esas descalificaciones son síntoma de un problema grave: el Estado de derecho ha sido socavado, la aplicación de las normas se ha vuelto arbitraria y no hay recursos de apelación para quienes disienten del régimen.
La historia comienza en 2007, cuando el Estado dio luz verde a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano supranacional respaldado por las Naciones Unidas y financiado por la comunidad internacional. Junto con el Ministerio Público, la CICIG se embarcó en la campaña anticorrupción más extensa y profunda en la historia del país.
El balance a finales de 2019, cuando la Comisión salió de Guatemala, era impresionante: 122 investigaciones de corrupción a gran escala; 72 estructuras criminales desmanteladas; y 680 personas sometidas a proceso judicial, incluyendo 200 funcionarios públicos de los cuales cinco eran expresidentes y alrededor de 60 eran accionistas y altos ejecutivos de poderosas corporaciones comerciales. Los tribunales dictaron más de 400 condenas.
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