Por Enrique Vargas Peña
Para que todos entendamos fácilmente, el Artículo 281 de nuestra Constitución establece que la Contraloría “… es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades…”.
El Artículo 283 de nuestra Carta Magna agrega que corresponde al contralor “… la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta…”, así como “… el requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada, que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado…” y “… la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito…”.
La gestión de Cartes contó hasta ahora con la pasividad del Ministerio Público y de la Contraloría para llevar adelante asuntos bastante vidriosos desde el punto de vista de las cuentas públicas.
Nadie ha profundizado las denuncias sobre si la empresa Tape Porã, concesionaria del Estado, tiene participación accionaria del Grupo Cartes; nadie ha profundizado las denuncias sobre si los beneficiarios de los contratos de alcantarillado con un crédito llave en mano son gerentes del Grupo Cartes; nadie ha profundizado las denuncias sobre si los concesionarios del billetaje electrónico tienen participación accionaria de gerentes del Grupo Cartes; nadie ha profundizado las denuncias sobre si los nombramientos aduaneros en los departamentos fronterizos con Brasil se realizan en el Grupo...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
