A principios de los 80, Ángel Fernández Ozuna tenía un pequeño taller de chapería y pintura en Capiatá. Fue consolidándolo y lo transformó en una metalúrgica. Para mediados del 2008, Metalúrgica Fernández ya era conocida en el sector, pero fue entonces que dio el gran salto; pasó a operar en bolsa, se convirtió en SA y desde entonces se convirtió en un gigante de la industria local. Ensambló sus propias marcas de motos, lanchas y hasta vehículos.
Pero la situación cambió 15 años después. Desde antes del pedido de la convocatoria, el proceso iniciado por la Metalúrgica Fernández muestra situaciones llamativas. En ese sentido, el 6 de junio del 2013 se gestó una operación clave en todo el procedimiento. Ángel Fernández Ozuna, presidente del directorio, le pagó a su hijo Anyelo Paolo Fernández con bienes de la empresa por la compra de sus acciones. Un mes después, el 5 de julio, Metalúrgica Fernández llamó a concurso de acreedores en el Juzgado de Capiatá, alegando problemas económicos causados por la “crisis mundial”. Este apenas fue...
Toda esta operación no podría haber sido posible sin el aval judicial. Metalúrgica Fernández encontró en el Juzgado de Capiatá a un “aliado” fundamental para poder llevar hasta hoy –a cuatro años de hacer el pedido– una convocatoria abierta de acreedores. Metalúrgica Fernández promovió la demanda de convocatoria de acreedores ante el juez de Capiatá, Manuel Gerardo Saifildin Stanley.
Con una rapidez llamativa, el juez Saifildin Stanley hizo el reconocimiento judicial de la empresa ese mismo día –es decir, el 5 de julio– y apenas tres días después, el lunes 8 de agosto, el magistrado aceptó la solicitud de convocatoria. Según fuentes que manejan estos procedimientos, aceptar una convocatoria de acreedores el lunes siguiente al pedido, que se hizo el viernes anterior, es cuanto menos, una decisión exageradamente rápida.
A pesar de que la situación financiera de la metalúrgica a principios del 2013 ya era comprometida, el 19 de abril de ese año consiguió un documento de respaldo esencial. La firma consultora PKF Controller Contadores y Auditores emitió un dictamen en carácter de auditor externo. Esto obedecía a que la empresa operaba en bolsa y de acuerdo a las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) –ente que meses después sancionó a la metalúrgica–, el informe era un respaldo para que siga operando.
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