La incompatibilidad entre la función pública y la participación política activa es norma ética, pero también ley. Nuestra legislación prohíbe expresamente a ciertos funcionarios públicos la actividad proselitista. La violación de estas disposiciones tanto morales como legales, socava los principios fundamentales de la democracia y mina los cimientos de la República. La dualidad de roles […]
La incompatibilidad entre la función pública y la participación política activa es norma ética, pero también ley. Nuestra legislación prohíbe expresamente a ciertos funcionarios públicos la actividad proselitista. La violación de estas disposiciones tanto morales como legales, socava los principios fundamentales de la democracia y mina los cimientos de la República. La dualidad de roles de los funcionarios públicos, al involucrarse directamente en la política, genera conflictos de interés y debilita la imparcialidad necesaria para un ejercicio transparente del poder.
Al respecto se ha pronunciado el propio Contralor General de la República, quien expresamente indicó que los funcionarios de la institución a su cargo solo pueden sufragar o estar afiliados a un partido político, pero no pueden realizar actividades políticas. Todo esto se ha dado en el marco del caso que involucra al presidente interino del Partido Encuentro Nacional, quien por disposición del Sub Contralor habría pretendido ser trasladado de la Contraloría al Senado.
José Luis Torales es funcionario de la Contraloría, y habría desarrollado masiva actividad proselitista. De hecho, fungir como actual presidente del Partido Encuentro Nacional habla a las claras de su posición y el volumen de su actividad política. Esta práctica no solo menoscaba la confianza de la ciudadanía en los políticos, funcionarios e instituciones, sino que también distorsiona el juego democrático al privilegiar a ciertos grupos.
Debemos recordar que la Contraloría es nada menos que la institución auditora por antonomasia. Además, no solo se trata de una violación a un principio ético moral, sino que infringe la normativa de la propia Contraloría.
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