El motín en la cárcel de Tacumbú volvió a poner en el centro de la atención pública los problemas del sistema penitenciario. ¿Qué pueden aportar las empresas para encontrar una solución a una situación más que compleja y que involucra a varios actores?
Hacinamiento, corrupción, Estado casi ausente, son parte de los componentes de un caldo de cultivo que no por conocido está en vías de solución. En este escenario, la participación del sector privado puede ser clave para encontrar el portón de salida para un problema que amenaza con explotar cada cierto tiempo.
En la actualidad están registrados 17.522 internos en los 18 reclusorios que conforman el sistema penitenciario. Y en Tacumbú hoy se reporta una población de 2.763 personas privadas de libertad, entre condenados y procesados. El problema comienza cuando las cárceles están diseñadas para albergar a sólo 9.000 presos; es decir, la población penal actual casi duplica la capacidad máxima de los centros penitenciarios.
La superpoblación penitenciaria se debe a que los organismos del Estado (Poder Judicial, Ministerio Público y otros) abusan sistemáticamente del uso de la prisión penal, según Juan Martens, experto en criminología y seguridad.
“Esta es una respuesta a la ansiedad ciudadana, en el pedido de mano dura por parte de la población. También existe lo que se conoce como telecriminología, donde desde los medios de comunicación se instala un tipo de delito y delincuente, como si fuesen los únicos responsables de la inseguridad existente en el país”, refirió.
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