En el dictamen de la mayoría, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que en tiempos de paz el Ejecutivo
En el dictamen de la mayoría, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que en tiempos de paz el Ejecutivo no posee facultades inherentes para fijar aranceles al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, norma invocada por Trump como pilar de su “guerra comercial”.
El Supremo fue más allá y advirtió que permitir ese uso de la IEEPA implicaría una delegación excesivamente amplia del poder tributario, que la Constitución reserva al Congreso, al considerar que los aranceles equivalen a impuestos que recaen sobre los ciudadanos.
Las opiniones disidentes fueron firmadas por los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes defendieron que la IEEPA sí puede emplearse en política exterior, argumento que —a su entender— aplicaba al caso. Kavanaugh alertó, además, que la disputa por eventuales reembolsos podría convertirse en un “desbarajuste” judicial.
La sentencia no impide que el presidente imponga gravámenes bajo otras leyes. De hecho, funcionarios de la Administración anticiparon que buscarán sostener el marco arancelario mediante estatutos alternativos, como el código comercial de 1974. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si los importadores podrán recuperar miles de millones de dólares ya abonados.
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