<p>La Corte Suprema de Justicia dispuso la renovacion parcial de su parque automotor institucional como parte de la gestion y planificacion de los recursos del Poder Judicial, orientada a asegurar el adecuado funcionamiento de sus estructuras jurisdiccionales y administrativas. La medida se inscribe en el ejercicio de las atribuciones institucionales y en la organizacion de los medios necesarios para el cumplimiento regular de sus funciones en la capital y en las distintas circunscripciones del pais, en el marco de una planificacion plurianual y bajo la normativa vigente.</p>
La Corte Suprema de Justicia dispuso la renovación parcial de su parque automotor institucional como parte de la gestión y planificación de los recursos del Poder Judicial, orientada a asegurar el adecuado funcionamiento de sus estructuras jurisdiccionales y administrativas. La medida se inscribe en el ejercicio de las atribuciones institucionales y en la organización de los medios necesarios para el cumplimiento regular de sus funciones en la capital y en las distintas circunscripciones del país, en el marco de una planificación plurianual y bajo la normativa vigente.
La Corte Suprema de Justicia llevó adelante la incorporación de nuevas unidades vehiculares institucionales con el objetivo de sustituir vehículos que contaban con varios años de uso, elevado kilometraje y crecientes requerimientos de mantenimiento, lo que impactaba en la operatividad y en los estándares de seguridad necesarios para el servicio.
Las unidades incorporadas integran el patrimonio del Poder Judicial y están destinadas al cumplimiento de funciones institucionales, vinculadas a actividades jurisdiccionales y de gestión institucional, conforme a las necesidades operativas propias del funcionamiento del sistema judicial en todo el territorio nacional.
La asignación de los vehículos responde a criterios funcionales y operativos, y no configura beneficios personales para magistrados ni funcionarios. Su utilización, reasignación o no utilización se encuentra sujeta a las disposiciones internas vigentes sobre administración, control y uso de bienes públicos.
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