La inconstitucionalidad planteada en la Corte contra fallos que niegan el derecho a la información del cuestionado proceso de selección de terna para fiscal general realizado por el CM, será una prueba para la Justicia.
La Corte Suprema en los últimos tiempos se embanderó diciendo que fue esta institución la que inició la campaña de transparencia en los órganos del Estado. Esta es una brillante oportunidad que tiene la Corte para transparentar el cuestionado proceso de selección de terna para fiscal general del Estado, y ordenar al CM, que preside Osvaldo González Ferreira, que entregue la información pública al hacer lugar la acción de inconstitucionalidad que planteó el abogado Ezequiel Santagada.
La inconstitucionalidad es una derivación de una demanda de amparo que promovió Santagada contra el CM, en el juicio donde la jueza de primera instancia Karen González Orrego y luego los camaristas Valentina Núñez, Juan Carlos Paredes y Óscar Paiva Valdovinos, rechazaron ordenar a ese organismo que informe sobre: a) el diseño del perfil de fiscal general del Estado elaborado y utilizado para este concurso, b) resultados de los test de integridad, capacidad y personalidad practicado a los candidatos y c) la ponderación a cada postulante como resultado de las audiencias públicas.
Sobre el punto a), los magistrados para negar la información pública sostuvieron que el “diseño del perfil” tiene que ver con los requisitos previstos en el Art. 267 de la Constitucional Nacional. Es decir, intentan confundir los términos “diseño del perfil” con “requisitos legales” para acceder al cargo como edad, título de abogado, etc.
Acerca de los resultados de los test de integridad, los magistrados argumentaron que se trataba de “información sensible” y se valieron además de afirmaciones dogmáticas. Sin embargo, Santagada sostiene que los postulantes a la Fiscalía General son profesionales del derecho que sabían que se exponían al escrutinio público de sus aptitudes y honorabilidad.
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