La empresa afectada, Itá Paraná, inició un juicio de amparo constitucional para retomar la administración; pero la orden judicial no se pudo cumplir porque un centenar de ciudadanos autoconvocados acompañaron a Prieto y no permitieron que la actuaria judicial ingrese a las oficinas.
Luego, los ciudadanos indignados llegaron hasta la casa de la jueza y la escracharon por su decisión. Ella igualmente defiende su resolución y señala que se ajusta a derecho.
La Municipalidad había resuelto asumir la administración de la Terminal, por incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa privada, con relación al mantenimiento del edificio, sanitarios, asfalto interno, instalaciones eléctricas y seguridad, según mencionaron los asesores.
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