Un funcionario que cobra una remuneración sin trabajar incurre en un delito, castigado por el Código Penal con multa o hasta dos años de prisión. La médica del IPS Perla Paredes, hija de la diputada colorada Perla Acosta de Vázquez, fue condenada a la máxima pena carcelaria mencionada, de la que se libró pagando una multa. Pero ella no es la única que se dedica a cualquier cosa antes que a cumplir con su deber de servir a los asegurados. Se trata de un problema que existe en todas las instituciones públicas. En efecto, el escandaloso caso del IPS es solo uno más de los tantos que se producen, para mal del erario desangrado y de la población desatendida. La palabra “planillero” ya se ha incorporado hace mucho al vocabulario paraguayo para designar a los vividores, apadrinados por politicastros de todo pelaje, que reciben sus sueldos sin ni siquiera visitar sus oficinas, a veces incluso estando en el extranjero. La población debe ser consciente de que quienes se embolsan el dinero público sin trabajar son unos verdaderos ladrones. Esos vividores nos toman el pelo y resulta estúpido seguir tolerándolos. Denunciar a los parásitos es un deber cívico y moral para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Un funcionario que cobra una remuneración sin trabajar incurre en un delito, castigado por el art. 313 del Código Penal con una multa o hasta con dos años de cárcel. En 2014, la médica Perla Paredes –hija de la diputada colorada Perla Acosta de Vázquez– admitió haberlo cometido y fue condenada a la máxima pena privativa de libertad, pero se libró de ella a cambio del pago de una multa de 17 millones de guaraníes mensuales, durante dos años. Ahora se ha constatado que continúa percibiendo ilícitamente el dinero público, pues durante la jornada laboral abandona a sus pacientes del IPS para...
Claro que la delincuente confesa, que debió haber sido inhabilitada por vía administrativa para ocupar cualquier cargo público antes de los cinco años contados a partir de su condena, no es la única funcionaria del IPS que se dedica a cualquier cosa antes que a cumplir con su deber de servir con esmero a los asegurados. Nuestro diario ilustró el año pasado los fraudes cometidos por varios funcionarios del IPS, que se limitaban a registrar sus entradas y salidas, ausentándose durante todo ese lapso, lo que habría motivado la apertura de unos mil sumarios administrativos, según el presidente...
El asesor jurídico Andreas Ohlandt, el gerente de salud Aníbal Ríos y el gerente del Hospital Central del IPS Fernando Bittigner acaban de admitir su impotencia y pidieron la ayuda de los asegurados “para controlar y denunciar a los raboneros”.
Los dichos de las citadas autoridades sugieren que sería ilusorio tener semejantes expectativas, ya que “el IPS es un universo grande”, acaso porque sirve de refugio a una amplia clientela política. Con todo, no está mal que hayan pedido el auxilio de los asegurados, a los que cabría sumar a los ciudadanos en general, para que hagan sus denuncias, incluso por vía telefónica, contra los aprovechados que cobran indebidamente sus honorarios, delinquiendo así también a costa de la salud de la gente. Esos miserables deben ser identificados por la población, y además suspendidos en el cargo,...
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