El pedido fue presentado por el abogado español Aitor Martínez Jiménez como peticionario, representando a la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) y en nombre de un grupo de afectados por el violento desalojo del 15 de setiembre de 2016 que dejó sin hogar a más de 2
El pedido fue presentado por el abogado español Aitor Martínez Jiménez como peticionario, representando a la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) y en nombre de un grupo de afectados por el violento desalojo del 15 de setiembre de 2016 que dejó sin hogar a más de 200 familias. La solicitud de medida cautelar ante el organismo internacional ha sido registrada como MC-808-16.
El escrito presentado por el abogado Aitor Martínez detalla lo sucedido el 15 de setiembre de 2016 y pide a la CIDH que otorgue medidas cautelares a favor de las familias, teniendo en cuenta para ello el daño irreparable al que se expone a las familias desalojadas.
De acuerdo a la petición de medida cautelar presentada “El desalojo de las miles de personas que residían en la comunidad Guajhory fue una operación desproporcionada y de una virulencia inusitada. Además, ni siquiera fue una actuación netamente pública, sino que fue financiada por los empresarios de la zona, desarrollándose un operativo conjunto entre las fuerzas especiales de la Policía paraguaya, que ejecutaron el desalojo violento de las familias, y los productores privados que acompañaron el operativo destruyendo con su maquinaria las viviendas, controlando por helicóptero el despliegue...
Según el abogado Martínez, no pretende entrar en el fondo del asunto y explica que su finalidad es que mientras se dilucidan las reclamaciones presentadas en sede jurisdiccional interna se permita el acceso de las familias a la finca cautelarmente.
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