“Kelembu” apela desestimación de una denuncia contra Zacarías | Diario Vanguardia

“Kelembu” apela desestimación  de una denuncia contra Zacarías | Diario Vanguardia

El concejal municipal de Ciudad del Este, Celso Miranda “Kelembu”, apeló la resolución judicial que desestima la denuncia contra el senador cartista, Javier Zacarías Irún, por usurpación de la función pública. La denuncia relata varias situaciones como un acto público del 18 de febrero de 2016, donde el actual senador cartista “increpó a los concejales a presentar minutas en sesiones de la Junta Municipal y les comunicó públicamente que todas las que sean aprobadas serán vetadas sin más trámite por la Intendencia.

El concejal municipal de Ciudad del Este, Celso Miranda “Kelembu”, apeló la resolución judicial que desestima la denuncia contra el senador cartista, Javier Zacarías Irún, por usurpación de la función pública.

Bajo el patrocinio de los abogados Nicolás Russo y Miguel López Silva, el edil apeló la resolución AI 1.952 del 12 de julio de 2017, dictada por la juez Penal de Garantías, Cinthia María Garcete Urunaga. Alegan que el fiscal del caso, Carlos Antonio Almada Barreto, violentó el principio de objetividad y no recabó las pruebas ofrecidas por los denunciantes. Miranda también denunciará al fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Javier Zacarías fue denunciado por fungir de intendente de Ciudad del Este. La denuncia relata varias situaciones como un acto público del 18 de febrero de 2016, donde el actual senador cartista “increpó a los concejales a presentar minutas en sesiones de la Junta Municipal y les comunicó públicamente que todas las que sean aprobadas serán vetadas sin más trámite por la Intendencia. También en el acto público dio órdenes a funcionarios municipales de que se encarguen de fiscalizar o recibir cualquier inquietud de los mesiteros”.

Zacarías alegó en su defensa que fue nombrado asesor ad honorem por su esposa, la intendente Sandra McLeod. Sin embargo, los denunciantes sostienen que eso “constituye un adefesio jurídico y administrativo, ya que la categoría de asesoría ad honorem no está contemplada como cargo en la función pública del Estado Paraguayo”.

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