Por Miguel H. López - En TW: @miguelhache
Guahory es una herida abierta en donde policías que custodiaban los sojales de colonos brasileños y su descendencia reprimieron, lastimaron, dispararon y desbarataron el asentamiento campesino, en proceso de expropiación con media sanción en la Cámara de Diputados.
Casi en simultáneo, en la comunidad Ava Guarani de 3 de Julio, asentada en tierra propia en Itakyry, capangas de la empresa Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa) desataron la violencia con disparos, quema de casas y escuela, destrucción de cultivos y violencia física, incluyendo herida de gravedad a un niño de primer grado que estaba en aula. Parte de las tierras arrendadas ilegalmente a los privados por líderes corruptos, fue el pretexto para la criminal incursión.
En ambos casos, el primero con varios antecedentes similares y el segundo con amenazas desde hace mucho tiempo, no hubo intervención efectiva ni resolutiva del Gobierno, de sus organismos, ni de los demás poderes del Estado. El silencio y la omisión, fueron cómplices de los delincuentes de la producción.
El caso del asentamiento indígena constituye una violación de altos estándares de DDHH. Y si bien no genera la indignación de "la población bien" paraguaya, que vive en una burbuja de indiferencia regurgitando enojos selectivos, si no se atiende –al igual que otros casos potenciales o no– llegará a representar un alto costo en vidas humanas y en demandas contra el Estado.
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