Ellos son: Wilberto Cabañas (ANR-Añetete), Fermín Bobadilla (Frente Guazu), Tomás García (PLRA), Carolina Bareiro (PLRA), Carlos Benítez (PLRA), Néstor Gamarra (ANR), Derlis Benítez (PLRA) y Miguel Martínez (Cruzada Nacional). Denunciaron obras pagadas y no terminadas en Minga Guazú, mala calidad de productos de la merienda escolar, pésima calidad de materiales usados en empedrados, desacato de resoluciones judiciales que obligan al pago de indemnizaciones a exfuncionarios de la Gobernación, despedidos sin el pago de sus haberes. Ante la inacción de la Contraloría General de la República, el concejal departamental Miguel Martínez (CN), denunció varios casos ante el Ministerio Público y reclama que los hechos sean investigados.
El exgobernador Justo Aricio Zacarías Irún (ANR), periodo 2013-2017 y actual diputado nacional fue denunciado en 2016 ante la Contraloría General de la República por 18 presuntos hechos de corrupción. Este año acumuló cuatro denuncias en la Fiscalía de Ciudad del Este por lesión de confianza, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
“Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, señala una frase bíblica que tal vez recordó el diputado nacional, Justo Zacarías (ANR), cuando se abstuvo a votar por la pérdida de investidura de su colega, José María Ibáñez (ANR). El actual parlamentario tiene un rosario de denuncias, de cuando estuvo al frente de la Gobernación de Alto Paraná. La denuncia ante la Contraloría General de la República fue presentada el 28 de abril de 2016, por concejales departamentales, que integraban una multibancada, que actualmente está extinta. Ellos son: Wilberto Cabañas (ANR-Añetete), Fermín...
Zacarías fue denunciado por no responder a pedidos de informe de la Junta Departamental, sobre ejecución presupuestaria y administración de bienes de la institución. También lo denunciaron por irregularidades en la reparación de la avenida Julio César Riquelme de Ciudad del Este y la avenida Monday de Presidente Franco. En el documento también se pide una auditoría por los famosos “Gallineros de Oro”, 52 tinglados en varios distritos de Alto Paraná que costaron casi G. 600 millones y que según informes del ingeniero civil, Silvestre Silva, eran muy precarios considerando el monto invertido.
Lo denunciaron también por no enviar el libro mayor analítico, solicitado por la Junta Departamental para el estudio de la rendición de cuentas, por obstaculizar el acceso a información pública. Los ediles indicaron además que no accedieron a los detalles del presupuesto de la Junta Departamental ni de su ejecución, sólo a montos globales. Denunciaron obras pagadas y no terminadas en Minga Guazú, mala calidad de productos de la merienda escolar, pésima calidad de materiales usados en empedrados, desacato de resoluciones judiciales que obligan al pago de indemnizaciones a exfuncionarios de...
Leer la nota completa en Vanguardia