Una licitación para el mejoramiento del sistema nacional de emisión de cédulas de identidad y pasaportes fue suspendida por la primera sala del Tribunal de Cuentas, justo antes de que el Ministerio del Interior realice los primeros pagos al consorcio adjudicado por un total de USD 30 millones (G. Este grupo también se presentó en la licitación y denunció el direccionamiento del proceso hacia el otro oferente que resultó el adjudicado: el Consorcio Documentos Electrónicos (CDE), integrado por la empresa internacional Gemalto y la paraguaya Solnet. El llamado a licitación pública internacional fue hecho por el Ministerio del Interior en agosto del 2017 para la adquisición de un sistema de emisión de documentos en el Departamento de Identificaciones que permita, entre otras cosas, la emisión de pasaportes electrónicos.
Una licitación para el mejoramiento del sistema nacional de emisión de cédulas de identidad y pasaportes fue suspendida por la primera sala del Tribunal de Cuentas, justo antes de que el Ministerio del Interior realice los primeros pagos al consorcio adjudicado por un total de USD 30 millones (G. 163.443716.606).
El tribunal ordenó esto como medida cautelar ante una demanda contencioso-administrativa planteada por el consorcio Identidad Aumentada Paraguay (Idap), integrado por las firmas extranjeras Safrán Identity y Oberthur y la paraguaya Winner. Este grupo también se presentó en la licitación y denunció el direccionamiento del proceso hacia el otro oferente que resultó el adjudicado: el Consorcio Documentos Electrónicos (CDE), integrado por la empresa internacional Gemalto y la paraguaya Solnet.
De esta manera, el Ministerio del Interior no podrá seguir adelante con el proceso de adjudicación hasta tanto el tribunal no resuelva si da lugar o no a la demanda. La resolución fue emitida antes de que la secretaría estatal pueda realizar el pago del anticipo al consorcio adjudicado.
Esta licitación fue impulsada por el Gobierno, a pesar de que en el 2014 la Policía ya había comprado un nuevo sistema informático para Identificaciones, por el cual pagó casi USD 1 millón, pero nunca llegó a implementar. Hasta hoy, la institución debe la otra mitad del pago por el software.
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