La Justicia de Brasil acordó ayer reducir a 8 años, diez meses y veinte días la pena de 12 años de cárcel dictada por una corte inferior contra el expresidente Lula da Silva (2003-2010), aunque lo mantiene como culpable de los hechos de corrupción por los que fue condenado en segunda instancia. El exgobernante enfrenta otras 6 causas penales.
BRASILIA (EFE). La defensa pidió la anulación del juicio en primera instancia y, por ende, la de la condena que fue dictada por un tribunal de alzada, que le condenó a 12 años de cárcel, ahora reducidos a 8 años y 10 meses, pero los miembros de la Quinta Sala del Tribunal Superior, mantuvieron la sentencia dictada contra el exmandatario.
La decisión, adoptada en forma unánime por los cuatro miembros de la quinta corte del Superior Tribunal de Justicia (STJ), supone que el exmandatario, en la prisión desde el 7 de abril de 2018, podría ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir del próximo mes de septiembre, según cálculos de expertos en asuntos jurídicos.
El caso se refiere a la primera condena dictada contra Lula en la segunda instancia, por corrupción y lavado de dinero, una vez que la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento en Guarujá, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.
La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato, que desde 2014 enjuició a decenas de empresarios y políticos de primer plano, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal.
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