El Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, hizo lugar a un amparo constitucional promovido por el ciudadano Juan Bautista David Lambiase contra la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y ordenó la reposición de un medidor de energía eléctrica que había sido retirado a solicitu de un tercero ajeno al contrato de suministro. La decisión revoca una […]
El Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, hizo lugar a un amparo constitucional promovido por el ciudadano Juan Bautista David Lambiase contra la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y ordenó la reposición de un medidor de energía eléctrica que había sido retirado a solicitu de un tercero ajeno al contrato de suministro.
La decisión revoca una sentencia de primera instancia que había rechazado la acción y concluye que la medida adoptada por la empresa estatal resultó ilegítima al haberse dispuesto, sin verificar, que el pedido de retiro proviniera del titular del servicio eléctrico. Según el fallo, el usuario afectado figuraba como titular registrado del suministro, matenía un contrato vigente con la ANDE y se encontraba al día en el pago de sus facturas, sin que se haya acreditado mora ni incumplimiento contractual.
El Tribunal sostuvo que la empresa debió extremar los recaudos de verificación antes de proceder al retiro del medidor, especialmente en relación con la identidad del solicitante, ya que el simple hecho de invocar la propiedad del inmueble no habilita por sí mismo la suspensión del servicio cuando existe un contrato activo. La resolución fue dictada por el Tribunal de Apelaciones integrado por los camaristas Jesís Riera Manzoni, Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
En su análisis, el órgano de alzada examinó los requisitos del amparo constitucional previstos en el art. 134 de la Constitución Nacional, señalando que en el caso se verificó un acto de autoridad que resultó manifiestamente ilegítimo, al afectar un servicio básico sin sustento suficiente en la normativa aplicable.
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