El poder político sigue siendo determinante a la hora de someterse a un proceso penal. Mientras que algunos van presos por robar botellas de agua, otros pueden congelar por años sus causas.
José María Ibáñez admitió ante un juez haber hecho figurar como funcionarios del Congreso a tres caseros de su quinta privada en Areguá, que en realidad, no prestaban servicio alguno al Estado. Sus respectivos salarios públicos eran depositados y cobrados mensualmente por la esposa de Ibáñez. Luego de casi cinco años de proceso, un juez decidió otorgarle una suspensión condicional de procedimiento, con lo cual, luego de hacer varias donaciones para reparar el daño, quedaría sin antecedentes penales, libre de culpa y pena. Un elemento clave para entender la disparidad en el trato de la...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
