El juicio oral y público contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo empresario Alberto Koube Ayala, continúa en etapa de declaración de testigos, con nuevos detalles que refuerzan la hipótesis del Ministerio Público sobre la existencia de un esquema de corrupción estructurada dentro de la institución estatal.
En la jornada de hoy, Dafne Acosta, extesorera de la SEN durante la administración de Roa, brindó un testimonio revelador al señalar que el proceso de retiro de cheques por parte de proveedores se realizaba mediante autorizaciones verbales por parte de las empresas adjudicadas, sin requerimientos documentales formales.
Esta práctica, según señaló Acosta ante el Tribunal de Sentencia, se volvió un procedimiento habitual durante la gestión de Roa, lo que pone en tela de juicio la transparencia en la ejecución de los pagos con fondos públicos, en especial teniendo en cuenta que muchas de las contrataciones involucraban montos millonarios adjudicados a empresas vinculadas a Koube.
El proceso judicial se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Elsa García, e integrado por las magistradas Adriana Planas y Sonia Sánchez. El Ministerio Público acusa a Joaquín Roa por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Por su parte, Alberto Koube enfrenta cargos por asociación criminal, lavado de dinero y lesión de confianza en calidad de cómplice.
La Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2021, Joaquín Roa, quien ocupó la titularidad de la SEN desde 2013, adjudicó licitaciones por más de G. 16.000 millones a su amigo personal Alberto Koube. Estas contrataciones, en su mayoría por servicios de alquiler de camiones y provisión de chapas, habrían tenido como fin último el desvío de fondos públicos para fines particulares, utilizando a Koube como intermediario y principal beneficiado.
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