La jueza civil y comercial del 15° turno, Tania Irún, ratificó que procede la demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el Estado en el caso del homicidio de la niña Vivian Paredes Zanotti en un operativo de la Senad, en junio de 2016. La Procuraduría pretendía que se denegara el derecho a demandar a familiares, quienes piden G. 8.000 millones.
La Procuraduría General, a través e su titular, Roberto Moreno, planteó una excepción de falta de acción de previo y especial pronunciamiento.
Moreno argumentó que, de correr esta demanda indemnizatoria, sería “una especie de absolución anticipada de los funcionarios responsables”, ya que, admitiendo la responsabilidad en el Estado paraguayo se estaría “blanqueando” el actuar de los funcionarios que incurrieron en actos ilícitos, quienes soportan un proceso penal.
El abogado Gilberto Penayo, representante de los padres de Vivian, Miguel Paredes y Ana Romina Zanotti, pidió el rechazo de la excepción porque la Secretaría Nacional Antidrogas depende del Poder Ejecutivo y también porque el procedimiento se realizó con orden de allanamiento del juez Gustavo Amarilla y estuvo a cargo del fiscal antidrogas Carlos Alcaraz, todos funcionarios del Estado.
Para la jueza Tania Irún, la pretensión de la Procuraduría no es viable porque tanto la Fiscalía como la Senad llevaron a cabo el operativo haciendo uso de sus atribuciones y facultades, y el artículo 39 de la Constitución Nacional establece que toda persona tiene derecho a una indemnización justa por daños y perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado.
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