La jueza de paz María Monserrat Vera de Errecarte de San Juan Nepomuceno Caazapá, no revierte su decisión que desembocó en el secuestro de un bien público, (Ambulancia de la municipalidad de Maracaná), a pesar de que ya se saldó la deuda que exigía la empresa vendedora según el asesor jurídico de la comuna canindeyuense.
El profesional del derecho explicó que el tiempo estipulado en la decisión de la magistrada no corresponde, porque la naturaleza del contrato suscripto entre la municipalidad y la empresa vendedora, habla de plazos plurianuales; en tal sentido, recién en el 2023 se debió computar los intereses que serían de dos meses. Sin embargo, la jueza determinó que la municipalidad también pague dichos intereses moratorios.
Medina refirió que a razón de otras graves irregularidades cometidas por la jueza María Monserrat Vera desde en inicio hasta el final del proceso, el intendente José Cantero decidió denunciarla ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que estudió el caso en fecha 16 de mayo del corriente año, ordenando el inicio de las investigaciones en contra de la magistrada, haciendo constar posibles violaciones a la ley orgánica municipal y que la magistrada actuó sin considerar que siempre debe primar el bien público sobre el bien particular al ordenar el secuestro del bien...
El exintendente Alfredo Gayoso adquirió la ambulancia por la suma de 600 millones de guaraníes con una adenda de 20 millones de guaraníes para incorporar una heladerita al vehículo, pero el proceso fue irregular porque no pasó por la junta municipal ni contrataciones públicas, tampoco la mencionada ambulancia contaba con Unidad de Terapia Intensiva (UTI) como consta en el contrato según las autoridades municipales actuales.
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