La jueza de paz, Analía Cibils, suspendida e imputada por la mafia de pagarés, adquiría inmuebles, donde realizaba construcciones de alto costo, como una casa de alrededor de G. 800 millones en Asunción y varios dúplex en Ñemby. Las millonarias inversiones las hizo luego de ser magistrada del Juzgado de Paz de La Encarnación, donde […]
La jueza de paz, Analía Cibils, suspendida e imputada por la mafia de pagarés, adquiría inmuebles, donde realizaba construcciones de alto costo, como una casa de alrededor de G. 800 millones en Asunción y varios dúplex en Ñemby. Las millonarias inversiones las hizo luego de ser magistrada del Juzgado de Paz de La Encarnación, donde se detectó el esquema criminal para una estafa masiva a través de juicios fraudulentos. Llamativamente, entre el 2021 y 2024, la jueza donó 5 valiosas propiedades a Ramona Martínez, quien sería su empleada doméstica.
“Del análisis integral efectuado a los bienes inmuebles vinculados a la señora Analía Cibils Miñarro, se ha identificado un patrón operativo caracterizado por la adquisición sucesiva de inmuebles, la ejecución de obras de construcción de significativa envergadura -en algunos casos, incluso bajo el régimen de propiedad horizontal- y la posterior transferencia gratuita de algunos de estos activos, mediante actos de donación a favor de terceros, especialmente a una misma beneficiaria recurrente (Rosa Martínez, quien sería su empleada doméstica)”, señala la Contraloría en el documento que...
“Estas operaciones patrimoniales, observadas en múltiples propiedades, entre ellas las ubicadas en Asunción y Ñemby, se desarrollan en periodos reducidos de tiempo, sin evidencia de ingresos declarados en los formularios impositivos remitidos por la administración tributaria, que permitan justificar financieramente el origen de los fondos utilizados para dichas adquisiciones y edificaciones”, agrega el documento del ente contralor.
“Resulta particularmente relevante que, tratándose de inmuebles con construcciones de alta inversión, la señora Analía Cibils, proceda sistemáticamente a su transferencia sin recibir contraprestación económica alguna, configurando con ello un proceso reiterado de descapitalización total de activos que no encuentra respaldo en su capacidad financiera previamente declarada. Cabe recordar, que, en su última declaración jurada, correspondiente al año 2019, la declarante reportó un patrimonio neto de G. 445.135.568, monto notoriamente inferior al valor de una sola de las inversiones analizadas”,...
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