Nada escapaba de la vista del hoy ex juez de Paz de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, pues mandó instalar cámaras en su sede, para mantener el trato con los abogados y agilizar algunos trámites impulsados por estos, según declaraciones de sus funcionarios. La acusación fiscal también revela un trato preferencial con una ujier, de cuyo departamento se incautaron notificaciones “voladoras”, informes preelaborados, una agenda dorada con pagos y otros elementos más.
Los fiscales acusadores del caso conocido como “”, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, señalan en su requerimiento conclusivo que los procesados -pertenecientes al Juzgado de Paz de La Recoleta que estaba a cargo del acusado Víctor Nilo Rodríguez Acosta- “se han valido del sistema judicial a los fines de entablar juicios y hacerlos avanzar, sin que los deudores demandados tuviera conocimiento de dichas demandas”.
En ese sentido, agregaron que el juez, entonces Víctor Nilo Rodríguez Acosta, “tenía conocimiento de todo” y detallan textualmente en la acusación, que el mismo “se encontraba motivado por el cobro de sumas de dinero que la ujier notificadora Ingrid Prette Gondenberg, con quien mantenía una relación cercana, le entregaba”.
Sobre la primera porción atribuida al magistrado, tanto el ujier Fernando Cáceres González, acusado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato; como las actuarias, Gloria Morínigo Gill y Rosa del Pilar Lezcano Correa, acusadas además por el uso documentos públicos de contenido falso, coincidieron al declarar que eran vigilados a través de las cámaras por Rodríguez.
Mientras que, sobre la segunda parte del relato fiscal, la relación entre el ex juez Víctor Rodríguez y la ujier notificadora Ingrid Prette, se evidencia a través de documentos y que esta funcionaria era asignada a la mayoría de las notificaciones a realizarse en el marco de los juicios ejecutivos y ordinarios.
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