La Dirección General de Observancia de la Dinapi detectó el presunto delito, por lo que presentó una denuncia ante el Ministerio Público, recayendo el caso en la Fiscalía a cargo del agente fiscal Humberto Rosetti.
Basándose en la denuncia, el fiscal solicitó una orden de allanamiento y fue el juez Juan Carlos Bogarín quien en una providencia denegó el pedido, frustrando así la posibilidad de incautar las mercaderías que estarían en infracción.
“Antes de proveer lo que corresponde, presente el recurrente los títulos originales, trascribiendo el propietario de los mismos y las marcas de su pertenencia para su posterior autenticación de las copias presentadas y consecuentemente disponer lo peticionado (...)”, dice la providencia que lleva fecha de ayer firmada por el mencionado magistrado y la actuaria judicial Roxana Arévalos.
El caso sería denunciado ante la Superintendencia de la Corte, según trascendió.
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