Lo que comenzó como una versión sin sustento en redes sociales terminó escalando a niveles preocupantes: el juez Penal de
Lo que comenzó como una versión sin sustento en redes sociales terminó escalando a niveles preocupantes: el juez Penal de Garantías Huberto Otazú denunció públicamente ser víctima de una maniobra de “terrorismo mediático”, en lo que aparece cada vez más como un intento deliberado de desacreditar a uno de los magistrados que tiene en sus manos causas de alto impacto económico y político.
El detonante de esta operación es tan endeble como alarmante. A partir de un video difundido en plataformas digitales —en el que se observa a un hombre junto a una mujer ingresando a un elevador en México—, comenzó a instalarse la versión de que el sujeto tendría un “parecido” con el juez paraguayo. Sin confirmación oficial de ninguna autoridad mexicana, sin pruebas, sin datos verificables, la insinuación fue suficiente para que se intente vincularlo con un caso de homicidio ocurrido en la alcaldía Benito Juárez.
La gravedad del hecho no radica solo en la falsedad de la acusación, sino en el mecanismo utilizado: instalar sospechas a partir de coincidencias físicas y amplificarlas hasta convertirlas en una supuesta noticia. Un método que busca erosionar reputaciones sin necesidad de evidencia, apelando al impacto emocional antes que a la verdad.
El propio Otazú salió al paso de estas versiones y las desmintió de manera categórica, señalando que basta con revisar los registros oficiales del sistema judicial paraguayo (Judisoft) para verificar su actividad y ubicación. Sin embargo, el daño reputacional que este tipo de operaciones intenta generar no se revierte con la misma velocidad con la que se difunde la mentira.
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