La juez de Garantías de Katueté, Ilda Acosta, generó controversia al conceder la eximición de medidas cautelares y levantar las órdenes de captura nacional e internacional que pesaban sobre Cornelia Karin Andriessen Merquides, Roland Peters y Susan Peters, procesados en dos causas por supuesta coacción grave y presunto abigeato. La magistrada argumentó que las medidas […]
La juez de Garantías de Katueté, Ilda Acosta, generó controversia al conceder la eximición de medidas cautelares y levantar las órdenes de captura nacional e internacional que pesaban sobre Cornelia Karin Andriessen Merquides, Roland Peters y Susan Peters, procesados en dos causas por supuesta coacción grave y presunto abigeato.
La magistrada argumentó que las medidas cautelares impuestas aún no se habían ejecutado y que los defensores solicitaron la posibilidad de comparecer en libertad para demostrar su disposición a someterse al proceso.
Los tres imputados habían sido declarados en rebeldía y se encontraban con orden de captura desde noviembre del año 2024, según las resoluciones A.I. N° 357, 358 y 373. A pesar de ello, mediante el A.I. N° 664 de fecha 27 de agosto del 2025, la juez accedió al pedido de la defensa y dispuso que se levanten las órdenes de detención para que puedan presentarse voluntariamente a la audiencia fijada para el 16 de septiembre del 2025. En caso de incomparecencia, se volvería a ordenar su captura.
El Ministerio Público, en sus dictámenes, había advertido que procesalmente “no se puede litigar desde la clandestinidad”. La querella adhesiva, representada por el abogado Diego Troche, fue más lejos y denunció que existe “una mafia peor que la de los pagarés” en alusión a resoluciones judiciales que, según dijo, facilitan a procesados evadir las medidas cautelares. Troche insistió en que solo la comparecencia voluntaria o la captura efectiva podían levantar la rebeldía, no así un simple escrito de sus abogados.
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