El juez de San Lorenzo e interino del juzgado de Lambaré, Ronald González, hizo lugar al permiso para trabajar solicitado por Julio César Duarte Servían, acusado por secuestro y con audiencia preliminar para el 23 de setiembre. El beneficiado por la resolución del magistrado, por otro lado, afronta juicio oral por lavado de dinero proveniente […]
El juez de San Lorenzo e interino del juzgado de Lambaré, Ronald González, hizo lugar al permiso para trabajar solicitado por Julio César Duarte Servían, acusado por secuestro y con audiencia preliminar para el 23 de setiembre. El beneficiado por la resolución del magistrado, por otro lado, afronta juicio oral por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Sin embargo, estos antecedentes no impidieron a González para autorizar a Duarte Servían a salir de su casa, donde guarda arresto, de lunes a viernes de 6:00 a 17:00 horas, en las oficinas de Asunción de Yasy Cambios, donde es...
En la solicitud del citado permiso, la abogada Blanca Agüero fundamentó en primer término la sujeción de su representado al presente proceso y prueba de ello, citó lo concerniente al control aleatorio de la Policía Nacional en el marco del dictamiento del arresto domiciliario, para Duarte Servían bajo control aleatorio podría haber sido aprovechado por su cliente para fugarse. Sin embargo, no lo hizo.
Refierió también que como accionista de la firma Jasy Cambios, su cliente debe realizar tareas que son indispensables de manera presencial, en las distintas entidades bancarias conforme a la exigencia legal del Banco Central para operación de casas de cambio, que solamente pueden realizarse en forma personal y el régimen de arresto domiciliario le está generando un grave perjuicio patrimonial no solo a él y a su familia sino también a innumerables personas que dependen de la empresa Jasy Cambios.
En el análisis del juzgado se hace un recuento de las principales actuaciones y normativas aplicables para la cuestión de fondo, como el artículo 1 de la ley N° 6350/19, que modifica el Artículo 245 del Código Procesal Penal, establece: “Siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, el Juez, de oficio, preferirá imponerle en lugar de la prisión preventiva.
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