Ayer a las 9:00 debía realizarse la audiencia preliminar en el caso que investiga el millonario desvío de G. 12.000 millones de la Senavitat, que debía ser destinado a la construcción de 312 viviendas, pero cuatro de los procesados cambiaron de abogados, por lo que el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández decidió suspender la diligencia y darles tiempo a las nuevas defensas de interiorizase del expediente. El magistrado marcó para el 27 de diciembre, a las 9:00, la audiencia.
Carol Turrini, presidenta de la Cooperativa Mi Casita, entidad por la que se desviaron los fondos, y su esposo Carlos Valenzuela, además de Hugo Acevedo, propietario de la Constructora Área, encargada de la construcción de 121 viviendas tradicionales, fueron los que presentaron nuevos abogados.
Si bien el juez Fernández les dio cinco días para tener copias del expediente y advirtió que tienen la obligación de litigar de buena fe y evitar planteamientos dilatorias, fijó a los acusados una audiencia recién para dentro de un mes.
De esta manera, una vez más, se postergó una diligencia que vienen eludienmdo los acusados desde hace tiempo, con diferentes argumentos que rayan en la mala fe, para no someterse a la justicia.
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