Los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP) emitieron una resolución en la que autorizan a que la Contraloría General de la República haga públicas sus declaraciones juradas de bienes. El Tribunal de Apelación respondió los cuestionamientos planteados por la CGR y descartó de pleno el incidente de los “términos oscuros”, recordando que en la sentencia del mismo tribunal están citados los cargos cuyas Declaraciones Juradas deben ser entregadas a Lezcano. Fuentes a las que tuvo acceso ABC Color aseguran que en los últimos días se habrían registrado cambios a las apuradas en las declaraciones juradas de algunos funcionarios públicos afectados por la decisión judicial, luego de que un Tribunal de Apelación confirmara la sentencia que obliga a la CGR a hacer pública esa información. En un intento previo para justificar su negativa a entregar las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos públicos en las últimas dos décadas, la CGR se escudó en problemas con su base de datos para demorar el cumplimiento de la sentencia del juez Rubén Riquelme, que fue ratificada la semana pasada por el Tribunal de Apelación, Primera Sala. El magistrado había hecho lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado para acceder a las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.
Los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP) emitieron una resolución en la que autorizan a que la Contraloría General de la República haga públicas sus declaraciones juradas de bienes.
En el documento dado a conocer este lunes los miembros de la Comisión Ejecutiva solicitan que la Contraloría exponga “en la brevedad posible” las declaraciones juradas de quienes ocupan cargos directivos de la AJP.
Esta decisión se da incluso a pesar de que los mismos no estaban incluidos en las sentencias de primera y segunda instancia que obligan a la CGR a hacer públicas las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República en los últimos 20 años.
“Entendemos que este pedido se adecua al espíritu de transparentar la gestión de los funcionarios públicos, que tan necesario es en nuestro país para conseguir la institucionalización de la República”, termina diciendo el documento.
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