Pese a insistir en que la Caja Parlamentaria “goza de buena salud”, senadores y diputados se resisten a renunciar al aporte estatal que subsidia su privilegiada jubilación y piden mas tiempo. Los legisladores se contradicen porque por un lado se alistan a modificar la Caja Fiscal, pero no quieren tocar sus privilegios.
La reunión entre parlamentarios y autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo volvió a instalar en el centro del debate público la, un tema que irrita a la ciudadanía y expone el rol del Estado como patrón de autoridades electas.
El encuentro dejó que no existe consenso político para eliminar el aporte estatal a la Caja Parlamentaria, propuesta del diputado Raúl Benítez (independiente).
La exsenadora Blanca Lila Mignarro (PLRA), presidenta de la caja legislativa, sostuvo que la reforma no se impulsa por una crisis, sino por recomendación de un estudio actuarial. “La caja no está deficitaria, no tenemos problemas de liquidez. Con estas modificaciones llegamos al 2040 con piloto automático. Lo que buscamos es darle más vida y previsibilidad al sistema”, dijo.
En la misma línea, el exdiputado Mario Morel Pintos (ANR), miembro de la Caja Parlamentaria, aseguró que con el último estudio actuarial el fondo tiene proyección hasta el 2034 y que, con “pequeñas modificaciones”, podría extenderse hasta el 2040.
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