En pleno receso parlamentario, el debate sobre la jubilación vip volvió a encender tensiones internas en el Senado, con posiciones enfrentadas entre quienes impulsan ajustes puntuales para sostener la Caja Parlamentaria y quienes insisten en que el sistema debe desaparecer por tratarse de un privilegio incompatible con el principio de igualdad.
La discusión se reactivó a partir de la posibilidad de elevar de 10 a 15 años el tiempo mínimo de aportes para que los legisladores accedan a la jubilación. La propuesta, que comenzó a circular dentro de la bancada oficialista, fue presentada como una alternativa para aliviar el déficit y reducir la dependencia de recursos estatales, aunque rápidamente generó reacciones cruzadas.
Entre los que respaldan la idea de extender el período de aportes se encuentran el senador liberal cartista Dionisio Amarilla, quien sostuvo que aumentar los años requeridos es una construcción política posible, y el senador colorado Óscar Cachito Salomón, que afirmó que la medida podría contribuir a estabilizar la Caja y evitar que siga recibiendo transferencias del Estado, uno de los puntos más cuestionados por la opinión pública.
En la vereda opuesta, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el senador colorado Colym Soroka, reiteró su postura de que el sistema no debe reformarse sino directamente eliminarse. Para el legislador, la jubilación parlamentaria no tiene justificación y representa un esquema de privilegio que no se condice con la realidad de las demás cajas previsionales del sector público.
La misma línea fue planteada por el senador Rubén Velázquez, del movimiento Yo Creo, quien rechazó la propuesta de llevar los aportes a 15 años al considerar que, aun con ese cambio, la jubilación de los legisladores seguiría siendo preferencial. Según sostuvo, el cargo de senador no puede colocarse por encima del resto de los ciudadanos ni romper el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
Leer la nota completa en El Nacional
