Un grupo de ciudadanos indignados de Jesús de Tavarangüe, Itapúa, ha decidido tomar medidas drásticas ante las presuntas irregularidades en la gestión del intendente local, Víctor Garay, quien se encuentra bajo el peso de acusaciones penales. Las acusaciones contra el intendente Garay son serias: se le imputa la producción y uso de documentos de contenido falso, así como también el delito de lesión de confianza, todo relacionado con una presunta malversación de fondos que habría causado un daño patrimonial considerable, estimado en más de G.
Un grupo de ciudadanos indignados de Jesús de Tavarangüe, Itapúa, ha decidido tomar medidas drásticas ante las presuntas irregularidades en la gestión del intendente local, Víctor Garay, quien se encuentra bajo el peso de acusaciones penales. Este grupo, en un acto de protesta, ha ocupado la municipalidad y ha establecido lo que denominan como una «carpa de la resistencia» en las afueras del edificio municipal desde el pasado viernes.
Las acusaciones contra el intendente Garay son serias: se le imputa la producción y uso de documentos de contenido falso, así como también el delito de lesión de confianza, todo relacionado con una presunta malversación de fondos que habría causado un daño patrimonial considerable, estimado en más de G. 835 millones, según lo denunciado.
El caso ha enfrentado obstáculos legales importantes. Inicialmente, la jueza encargada, Raquel García, se vio obligada a renunciar debido a su relación familiar con el intendente. Posteriormente, la jueza Melissa Carlson asumió el caso, pero se declaró incompetente y lo remitió al juzgado especializado en Delitos Económicos, que, desafortunadamente, se encuentra en Asunción, la capital del país.
Esta situación ha dejado el proceso penal en un punto muerto, sin avances significativos. La ausencia de un juez local ha impedido la prosecución del caso, lo que significa que aún no se han determinado las medidas que se tomarán contra el imputado Víctor Garay. Esta incertidumbre ha avivado aún más el descontento de los ciudadanos que exigen justicia y transparencia en la gestión pública.
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