La Asociación de Agentes Fiscales se pronunció en respaldo a los fiscales Ingrid Cubilla, Elva Cáceres y Osmar Segovia, asignados al caso Pavo Real II, ratificando que no pueden ser sancionados sin una investigación preliminar. Por tanto el gremio recalca que toda actuación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe ceñirse especialmente al tercer párrafo […]
La Asociación de Agentes Fiscales se pronunció en respaldo a los fiscales Ingrid Cubilla, Elva Cáceres y Osmar Segovia, asignados al caso Pavo Real II, ratificando que no pueden ser sancionados sin una investigación preliminar. Por tanto el gremio recalca que toda actuación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe ceñirse especialmente al tercer párrafo del artículo 18 de la Ley 6814/2021
El documento emitido por la Comisión Directiva, expresa sus condolencias a la familia del exdiputado Eulalio Lalo Gomes, y a la vez aclara que el enfrentamiento se dio antes de ingreso de los agentes fiscales, “nadie realiza un allanamiento esperando culminar con el levantamiento de un cuerpo, sino que se realiza para esclarecer los hechos objeto de las causas penales cuya investigación tienen a su cargo. No obstante, durante la realización del procedimiento y antes del ingreso de los agentes fiscales a la vivienda del diputado nacional, se llegó a este desenlace no deseado por nadie”.
Asimismo, esta agremiación en conocimiento de la trayectoria de los agentes fiscales intervinientes y de su trabajo como representantes del Ministerio Público de unidades especializadas que han tenido a su cargo otras causas penales de mucha sensibilidad porque as personas investigadas son autoridades nacionales, la envergadura del hecho punible investigado, por tener amplia connotación social u otros motivos de relevancia, extiende su confianza a los agentes fiscales Elva Cáceres, Ingrid Cubilla y Osmar Segovia.-
Por otro lado, por el principio de presunción de inocencia de rango constitucional y convencional, al igual que en toda causa que pueda conllevar alguna sanción e incluso una suspensión, no pueden ser dictadas sin una investigación preliminar y sobre todo sin habérsele otorgado a los afectados el derecho a la defensa y el derecho a ser oído. De esta forma lo entendieron la Constitución Nacional (Art. 17 núm. 1) y el Pacto de San José de Costa Rica. Además de ello, cualquier investigación, enjuiciamiento o procesamiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe regirse por lo...
Leer la nota completa en El Observador
