El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hizo lugar al desafuero de los jueces de paz, Analía Cibils, la Encarnación; Víctor Nilo Rodríguez, Recoleta y Nathalia Garcete, Catedral, Segundo Turno, imputadas por los hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en el caso de la mafia de los pagarés. De esta […]
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hizo lugar al desafuero de los jueces de paz, Analía Cibils, la Encarnación; Víctor Nilo Rodríguez, Recoleta y Nathalia Garcete, Catedral, Segundo Turno, imputadas por los hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en el caso de la mafia de los pagarés. De esta forma, se allana el camino para que los magistrados Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú procesen a los citados jueces de paz. Por otro lado, el oficial de justicia, Ronald Navarro, insiste en apartar de la investigación penal a los fiscales Belinda...
El presidente del órgano, Dr. César Garay, resaltó que de la lectura de la imputación formulada por el Ministerio Público a la jueza Cibils, se puede notar una “clara parcialidad manifiesta de la jueza”, al presuntamente falsear los hechos en lo concerniente a las notificaciones practicadas en el marco de la tramitación de juicios ejecutivos, “violando la garantía de la defensa en el proceso”, denotando una “la clara intención de favorecer a la parte actora”.
Agregó que la auditoría de gestión realizada a su despacho puso al descubierto “incontables anomalías procedimentales en tramitación de juicios ejecutivos, en aparente corrupción con las partes actoras, en detrimento de los derechos de los demandados, quienes en algunos casos, incluso desconocían los juicios en su contra”.
En lo que respecta al juez Rodríguez, Garay hizo especial énfasis en que la investigación fiscal endilga “anómalos procedimientos en expedientes judiciales analizados, desde la vulneración del derecho a la defensa por falta de notificación y ha firmado resoluciones haciendo efectivo el apercibimiento decretado en contra de los demandados; tuvo por iniciado los juicios ejecutivos promovidos por los jueces e intimar a los demandados al pago de la suma reclamada, imponiendo además embargo preventivo sobre bienes suficientes”.
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