El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició sumarios contra las juezas Carmen Silva y Ana Aguirre, tras revelarse en chats del fallecido diputado Lalo Gomes indicios de corrupción, y se fijó un plazo de 20 días para determinar su posible enjuiciamiento. En sesión extraordinaria de este miércoles, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue […]
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició sumarios contra las juezas Carmen Silva y Ana Aguirre, tras revelarse en chats del fallecido diputado Lalo Gomes indicios de corrupción, y se fijó un plazo de 20 días para determinar su posible enjuiciamiento.
En sesión extraordinaria de este miércoles, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue informado sobre antecedentes que involucran a las juezas Carmen Elizabeth Silva y Ana Graciela Aguirre Núñez, vinculadas al escándalo conocido como «Lalo Gate». Las evidencias, extraídas de los chats del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes, sugieren que la jueza Silva habría solicitado al exdiputado que intercediera para levantar una sanción impuesta por el JEM contra la magistrada Aguirre. «Necesito que le ayudes a la jueza Ana Aguirre para que esté conmigo en la otra causa. Necesito Lic,...
Ante estos hechos, la titular del JEM, Alicia Pucheta, activó el procedimiento sumarial mediante la aplicación del artículo 18 de la Ley 6.814/2021, el cual permite al órgano iniciar una investigación preliminar o el enjuiciamiento de manera oficiosa en un plazo de 20 días hábiles, finalizando el 13 de marzo. Además, se ha dispuesto la apertura de sumarios administrativos y se ha solicitado a la Contraloría General de la República que realice exámenes de correspondencia de los bienes de ambas magistradas.
Las declaraciones de los involucrados y los datos recopilados han generado una amplia controversia en el ámbito judicial, poniendo en el centro del debate la integridad del sistema de justicia. Las autoridades subrayan que, de confirmarse las irregularidades, se tomarán las medidas correspondientes para sancionar a los implicados y reforzar la transparencia en el ejercicio de la función pública.
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