Con la entrega a la Itaipú de los G. 106 millones percibidos por Gabriela Quintana Venialgo, la condenada cumplió con una de las condiciones para la suspensión a prueba de la condena, pero faltan otras. En caso de persistir en el incumplimiento, la jueza podría revocar el beneficio concedido.
A través de una nota presentada por la directora jurídica Iris Magnolia Mendoza, la entidad binacional Itaipú desarmó la propuesta inicial presentada por la defensa de Gabriela Quintana, condenada a 1 año y 6 meses de pena privativa de libertad por cobro indebido de honorarios.
En una audiencia realizada el 13 de noviembre pasado, el juzgado a cargo de Sandra Silveira comunicó a Quintana las reglas establecidas como condición para la suspensión condicional de la condena, para su cumplimiento.
La “devolución íntegra de toda remuneración percibida de la Itaipú Binacional” -es decir, los G. 71.683.460 que cobró como salario en el periodo en que también percibía sueldo como funcionaria de la Cámara de Diputados y los G. 34.579.994 que percibió en concepto de compensación por su desvinculación- y la donación de G. 2 millones mensuales a la Cruz Roja Paraguaya durante dos años son las principales.
En aquella ocasión, la defensa realizó un planteamiento como mínimo insólito. Con el argumento de que la Itaipú supuestamente se negaba a recibir el dinero que se le ordenó devolver, puso a disposición del juzgado los G. 71 millones.
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