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En el informe final de la interventora, Carolina Llanes, se incluye unos 15 puntos de irregularidades, entre ellos la suma de USD 23 millones sin respaldo administrativo.
Entre los nuevos hallazgos, se señala una presunta sobrefacturación en la disposición de los residuos de la comuna y la contratación a la empresa Ingeniería Ambiental S.A. por G. 2.793.000.000.
También se destacan cuentas judiciales ocultas que totalizan G. 30.971.023.016, así como la absorción ilegal de los intereses de la empresa que explota la terminal de ómnibus por G. 247.963.188.
Aparece además el manejo irregular de recursos humanos, como el caso de la presidenta de seccional Adela Fidelina Acuña Guillén, quien cobró en cinco años, sin tener evidencias de prestar servicios, la suma de G. 174.000.000.
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