El ministerio del Trabajo coincide con la Subsecretaría de Tributación (SET) en que la repartición tributaria no tiene objeciones legales para ejercer las retenciones para enfrentar obligaciones legales. “Queda fuera de toda duda, la competencia de la Subsecretaría de Estado de Tributación en la mat
El ministerio del Trabajo coincide con la Subsecretaría de Tributación (SET) en que la repartición tributaria no tiene objeciones legales para ejercer las retenciones para enfrentar obligaciones legales. “Queda fuera de toda duda, la competencia de la Subsecretaría de Estado de Tributación en la materia impositiva, no existe inconsistencia ni contradicción legal”, explica un dictamen emitido por la asesoría jurídica del ministro Guillermo Sosa. Este documento se considera como respuesta a los gremios empresariales y de trabajadores, quienes ya habían adelantado que recurrirán a la Corte...
ASUNCIÓN.- No existe contradicción legal en la Resolución General 119 de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que reglamenta la retención del Impuesto a la Renta Personal (IRP) y que se pondrá en vigencia desde el 1 setiembre; o sea en siete días más. Este es el dictamen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), firmado por su titular, doctor Guillermo Sosa Flores.
En un extenso documento emitido en la víspera se destaca que su parte resolutiva que “dados los antecedentes legales precitados y confrontados con la protección al salario establecida en el art. 240 del Código Laboral, no se constata inconsistencia jurídica alguna, en virtud al inciso e) del mencionado artículo, el cual permite taxativamente realizar retenciones para enfrentar obligaciones legales por parte de la autoridad competente. Queda fuera de toda duda, la competencia de la Subsecretaría de Estado de Tributación en la materia impositiva”.
El artículo de referencia indica que “El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el importe de los salarios, sino por los conceptos siguientes:” y el Inciso e) apunta “orden de autoridad competente para cubrir obligaciones legales del trabajador”.
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