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Los asegurados del IPS tienen derecho constitucional a atención en hospitales públicos, aunque la práctica revela obstáculos que requieren denuncia y fiscalización.
La Constitución Nacional del Paraguay establece en su artículo 68 que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Este precepto constitucional garantiza que nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, independientemente de su condición de asegurado en el Instituto de Previsión Social.
El doctor Federico Schrodel, director de la Décima Región Sanitaria, confirma que todos los pacientes que acuden a establecimientos del Ministerio de Salud Pública deben recibir atención obligatoriamente.
La normativa constitucional no establece restricciones para el acceso a servicios de salud pública basadas en la tenencia de seguros médicos privados o públicos. Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública que nieguen atención a pacientes asegurados del IPS incumplen disposiciones constitucionales y pueden enfrentar investigaciones administrativas. El incumplimiento de esta obligación constitucional puede derivar en sumarios disciplinarios para los responsables de negar la atención médica requerida.
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