Una investigación de una organización por los derechos digitales revela que el Estado paraguayo ha estado comprando e instalando cámaras con tecnología de reconocimiento facial desde 2018 sin control, sin debate público y sin ninguna regulación que garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Investigación expone uso de fondos públicos para compra de tecnología de vigilancia biométrica
El informe, titulado “”, documenta que al menos 2.300 cámaras fueron adquiridas por 13 instituciones públicas, incluyendo al Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Cámara de Senadores, gobernaciones y municipalidades como Paraguarí y Encarnación.
“Estamos ante un despliegue estatal de tecnologías de vigilancia biométrica que avanza sin transparencia, sin evaluación de impacto y sin que exista una ley de protección de datos personales que limite su uso. Se recolectan datos sensibles de la ciudadanía todos los días sin que sepamos quién controla esa información o con qué fines”, señalaron desde la organización Tedic, que defiende y promociona derechos humanos en entornos digitales.
Uno de los hallazgos que destacaron como más alarmantes es el uso del Fondo de Servicios Universales (FSU), administrado por Conatel, para financiar la compra de estas tecnologías.
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