El Estado debe brindar garantías a la inversión y el trabajo, “lo cual nunca podrá ser posible mientras haya un solo caso de invasión”, afirmó
El Estado debe brindar garantías a la inversión y el trabajo, “lo cual nunca podrá ser posible mientras haya un solo caso de invasión”, afirmó el Dr. Torales.
El Estado paraguayo está ante la obligación inminente de reencauzar el Estado de Derecho violentado en la estancia Pindó por parte de invasores que no solo se instalaron de forma brutal en la propiedad ajena sino desarrollan un abanico de actividades ilícitas e incluso criminales en la absoluta impunidad, denunció el Dr. Diego Torales, directivo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
“El Estado tiene que hacerse cargo de su irresponsabilidad de permitir que se haya formado incluso una población en una propiedad privada, en clara violación a leyes explícitas que garantizan la tierra propia debidamente documentada, como es el caso de Pindó, y castiga con severas penas a los transgresores”, afirmó el abogado.
Abordado por La Mira, criticó a las instituciones encargadas de velar por la seguridad jurídica de la República, y en ese sentido expuso una serie de consideraciones que enmarcan, o deberían regir, el Estado de Derecho en un país que se precia de ser democrático y representativo.
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