El pedido de la Contraloría General para la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este acaparó la atención nacional
El anuncio de la Contraloría General de la República solicitando la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este acaparó la atención nacional el pasado viernes. No es para menos: se trata de los dos municipios más grandes del país, con los mayores presupuestos y una visibilidad política que trasciende sus fronteras.
La solicitud se sustenta en un hecho concreto y alarmante: la imposibilidad de acceder a documentos clave por parte del órgano contralor, lo que imposibilita la fiscalización adecuada del uso de recursos públicos. No estamos hablando de rumores o especulaciones, sino de obstáculos institucionales verificados, que comprometen la transparencia de dos administraciones municipales.
Las reacciones de los intendentes involucrados —Óscar Rodríguez y Miguel Prieto— no se hicieron esperar. Ambos se declararon inocentes y aseguraron tener “la conciencia tranquila”. Pero los discursos ya no bastan. La ciudadanía necesita hechos, necesita documentos. Y, sobre todo, necesita autoridades que entiendan que la rendición de cuentas no es una cuestión de vuenta voluntad, sino una obligación constitucional y ética.
Resulta inadmisible que en pleno 2025, con toda la tecnología y plataformas disponibles, aún haya excusas para ocultar o desviar la documentación que debe estar al alcance del control público. Si los jefes comunales tienen cómo demostrar su transparencia, deberían ser los primeros en facilitar cada papel, cada factura, cada contrato. Lo contrario solo alimenta las sospechas.
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