Del total de 27 municipios que no presentaron la totalidad de sus documentaciones en concepto de Fonacide y royalties, se observa que 6 intendentes, salvados en la Cámara Baja, reincidieron.
Entre 2018 y 2019 varios intendentes de municipios del interior pasaron por el banquillo de la Cámara de Diputados donde estuvieron en proceso de intervención o, una vez intervenidos, se salvaron de la destitución.
Aún así, por más que hayan pasado por el engorroso proceso de auditorías de prácticamente todos los órganos de control, desde las juntas municipales, pasando por el de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes en la mayoría de las veces defendieron por conveniencia a los intendentes denunciados, no aprendieron y en el último cuatrimestre de 2019 volvieron a retacear información en concepto de Fonacide y royalties.
Llaman la atención los casos de las intendencias de Humaitá, Guazú Cuá, Paso de Patria, todas ellas de administraciones coloradas.
El caso de Humaitá, donde el intendente es Víctor Bordoli, quien tiene varios procesos judiciales pendientes, salta a la luz por el hecho de que precisamente en el período pasado fue denunciado por sus ediles que establecieron como causal de intervención la falta de documentación de los actos producidos por el Municipio, lo que llevó a un faltante supuesto de G. 2.700 millones (ver infografía).
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