La Contraloría General de la República entre 2019 y año pasado presentó más de 60 denuncias contra administraciones municipales y de Gobernaciones, que se estima generaron perjuicios al erario público por G. 417.595.924.149, la mayoría de este dinero de recursos de Fonacide y Royalties. En algunos casos incluso hay sospechas de estructuras criminales montadas para defraudar al Estado, aún así algunos buscan la reelección.
La Contraloría presentó entre 2019 y 2020 en total 62 denuncias contra municipalidades y gobernaciones de todo el país y algunos casos se destacan por el total del presunto daño patrimonial al Estado, otros por la cantidad de denuncias que acumulan y hay los que se destacan por estar ligados a delitos especialmente graves que afectan directamente a las autoridades electas.
El caso del exintendente de Jesús de Tavarangué (Itapúa), Hernán Schlender (ANR), es uno de los más graves, ya que no solo se trataría de un presunto desvío de fondos de la comuna por G. 7.418.589.000, sino también el Ministerio Público tuvo que allanar la sede comunal en 2019, ya que existen indicios de que el dirigente colorado usaba la municipalidad para lavar dinero ligado al narcotráfico.
Los datos del Ministerio Público indican que Schlender recibía dinero de Wilfrido Bareiro Vargas, alias Peloncho, acusado de narcotráfico y que utilizaba las cuentas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para mover el dinero, adjudicando obras a una empresa ligada él mismo, denominada Yabebyry S.A.
Si bien las graves denuncias contra Schlender impidieron que pueda apuntar a otro periodos como intendente, no es el caso, por ejemplo del exintendente de Salto del Guairá Carlos César Haitter, que pese a estar acusado de desvíos por valor de G. 30.371.916.451 y a la espera de juicio, vuelve a ser candidato.
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