El cuestionado intendente de Hernandarias, Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR/HC), y un grupo de nueve concejales serviles que aprueban irregularidades dentro de su administración, serían imputados por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público por Lesión de Confianza y Asociación Criminal. Los mismos fueron denunciados ante la Fiscalía General del […]
El cuestionado intendente de Hernandarias, Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR/HC), y un grupo de nueve concejales serviles que aprueban irregularidades dentro de su administración, serían imputados por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público por Lesión de Confianza y Asociación Criminal. Los mismos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los abogados Ángel Chamorro Monzón y Julio Espínola Restaino.
Se trata del sonado caso de la “compra de terreno” que hizo la Comuna hernandariense, a la Iglesia de Dios del Paraguay, y para lo cual recurrieron a un préstamo de 3.900 millones de guaraníes de un banco de plaza. El negociado salió a luz tras la difusión de un audio en que un edil dijo que sus colegas habrían cobrado gruesas coimas para la aprobación.
La acción también afecta a los concejales Milciades Dávalos (ANR), Jhon Florentín Araújo (ANR), Celestino González Viera (ANR), Yessica Caballero Ferreira (ANR), Julio Escobar Valdez (ANR), Gerardo González Cardozo (ANR), Alcides Ascona Duarte (ANR) y Alberto Báez Arriola (PLRA). Además, al juez de faltas municipales Óscar Giorgio Cardozo, el director de Catastro Nelson Brítez Acosta y el pastor evangélico Paulino Amarilla López.
Según la denuncia presentada por los abogados Chamorro Monzón y Espinola Restaino, los citados están implicados en una serie de maniobras fraudulentas e ilícitas para el pago de la millonaria indemnización a la Iglesia de Dios del Paraguay por supuestamente ceder un inmueble, que en realidad pertenece a la Municipalidad.
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